'El Presi' se forra.

Nada parece capaz de detener el meteórico ascenso de la empresa Seguridad Integral Canaria, propiedad del también presidente de la U.D. Las Palmas Miguel Ángel Ramírez. Uno de los empresarios gran canarios con mejores relaciones en las altas esferas de la política dentro y fuera del Archipiélago.

Eximido gracias a un indulto gubernamental de cumplir una condena a tres años y un día de cárcel por un flagrante delito medioambiental, su imputación como presunto autor de otro delito contra la Hacienda Pública, por haber camuflado como dietas el pago de horas extraordinarias a sus trabajadores de SIC, no ha sido obstáculo para que Ramírez continúe recibiendo concesiones públicas que multiplican exponencialmente su ya abultado patrimonio.

EN MANOS DE RAMÍREZ LA CUSTODIA DEL PATRIMONIO NACIONAL

En marzo de 2014, la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Ralons Servicios y SIC- ambas propiedad del presidente de la Unión Deportiva- recibía la adjudicación del concurso de 11,5 millones de euros que le confiaba la custodia de todos los bienes de Patrimonio Nacional.

Desde el año 2011, Seguridad Integral Canaria ya era la responsable de custodiar la mayoría de los emplazamientos que forman parte de los Reales Sitios de España, como el Palacio de Aranjuez, el Palacio de El Pardo, el Monasterio de El Escorial, el Valle de Los Caídos, el Monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas (Burgos), el Palacio Real de La Almudaina (Mallorca) y los palacios de La Granja de San Ildefonso y Riofrío (Segovia).

Con el nuevo contrato, no obstante, el empresario imputado por, presuntamente, defraudar a Hacienda, en una operación que según la Fiscal de Delitos Económicos del TSJC Evangelina Ríos Dorado le permitía tener una “clara ventaja competitiva respecto de las demás empresas del sector”, ograba afianzar su situación de privilegio

EL “PRESI” SE HACE CON LA SEGURIDAD EN EL EJÉRCITO

El desembarco en la península de Miguel Ángel Ramírez se remonta al año 2005. Y entre otras muchas concesiones públicas, Ramírez logró hacerse, el año pasado, con el contrato para la vigilancia de varias zonas de Metro de Madrid, así como en varios ministerios como el de Fomento, Medio Ambiente y Trabajo y otras dependencias públicas como las del Servicio Madrileño de Salud o la Dirección General de Tráfico.

El grupo de Miguel Ángel Ramírez factura actualmente más de 150 millones de euros al año y, gracias al magnífico impulso logrado por sus numerosas concesiones públicas, ha logrado diversificarse e internacionalizarse.

La última pica para impulsar en este increíble crecimiento la ha clavado el cuestionado empresario nada más y nada menos que en el Ejército español. Desde el pasado 1 de septiembre, SIC es la empresa encargada de la seguridad de todas las instalaciones del Ministerio de Defensa, tras ganar un concurso adjudicado en junio por 72,5 millones de euros para un periodo total de cuatro años

La prestación de la cobertura de seguridad incluye bases, acuartelamientos, establecimientos y otras propiedades del Ministerio y organismos autónomos tales como el Órgano Central del Ministerio de Defensa (Minisdef), el Estado Mayor de la Defensa (Emad), Ejército de Tierra, Armada , Ejército del Aire, el Servicio Militar de Construcciones (SMC), el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (Cehipar), Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) e Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).

Entre las instalación militares objeto de la adjudicación se encuentra la base que el Ejército de EE.UU. mantiene en la localidad gaditana de Rota.

Desde Seguridad Integral se ha destacado que para asumir la vigilancia de instalaciones como las de Defensa “es necesaria una habilitación de seguridad de empresas con grado de Confidentiel UE o Superior con la que cuentan muy pocas empresas en España”.

No son pocos, sin embargo, los que achacan la fantástica capacidad de Miguel Ángel Ramírez a sus contactos preferentes en las esferas del poder político. Y es que, como se recordará, la investigación del llamado Caso Bárcenas puso al descubierto que durante los años 2010 y 2011 el presidente de la U.D. Las Palmas fue uno de los principales financistas del Partido Popular. A través de su ex-empresa Gestiones y Asesoramientos 3000 SL, y según figura en la contabilidad de esa organización política, realizó generosas aportaciones dinerarias al mismo partido que, con sus concesiones, ha convertido a Seguridad Integral Canaria en la empresa líder del sector en el Archipiélago y, por el momento, en la séptima de todo el Estado.

Fuente: canarias-semanal.org